No es ninguna novedad: la explosión de las tecnologías digitales ha transformado por completo nuestras vidas. Todo lo que hacemos hoy está atravesado por servicios, plataformas, aplicaciones y programas que hasta hace unos años no existían ni en nuestra imaginación. Esta revolución seguirá acelerándose… siempre y cuando los marcos regulatorios no la frenen. Es que mientras la tecnología avanza a ritmo acelerado, la actualización de la regulación se mueve en cámara lenta.
Por el rápido cambio tecnológico, gran parte de la regulación heredada del pasado ha quedado obsoleta. Pero no es solo el pasado. Una reforma reciente o en discusión ahora mismo puede quedar igual de desactualizada mañana o el próximo mes. Para crear un terreno fértil para el surgimiento de nuevos unicornios, la creación de servicios innovadores y el desarrollo de una verdadera economía naranja, los países deben emprender reformas inteligentes y blindar sus marcos regulatorios a prueba de futuro.
¿Cómo es un marco regulatorio a prueba de futuro?
Contempla 3 principios básicos:
- Estar basado en la funcionalidad. Poner el objetivo regulatorio por delante de las tecnologías, la estructura del sector o los regímenes regulatorios preexistentes. Un enfoque así comienza por preguntarse ¿qué se quiere lograr con esta medida? y tiene en cuenta todos los medios tecnológicos que permiten alcanzar ese fin.
- Ser flexible. Acompañar el dinamismo propio del progreso tecnológico, siendo capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. Un marco rígido y excesivamente restrictivo pone límites a la innovación y desalienta la toma de riesgos. En general, los enfoques orientados a resultados (ex post) son superiores a las normas prescriptivas (ex ante) cuando se trata de mercados en constante movimiento y evolución.
- Estar abierto a un enfoque “tabula rasa”. Los debates sobre reformas normativas deberían admitir la posibilidad de una revisión desde los cimientos, incluso de la necesidad misma de regular. La intensa competencia en el ecosistema digital hace que, en algunos casos, cierta regulación ya no sea necesaria, o se pueda reducir significativamente. Regular implica costos –recursos humanos, tiempo, dinero- para los reguladores y los regulados. Por eso, una norma se justifica cuando existe proporcionalidad entre los costos y los beneficios de implementarla.
Estos principios no deben confundirse con la ausencia de regulación; se trata de encontrar el enfoque que mejor se adapte a los tiempos que corren. Regular no significa sumar normas; desregular es también una forma válida de dar una estructura, si es la mejor opción para el sector y los consumidores.
Al día de hoy, marcos normativos obsoletos están ocasionando barreras para alcanzar una sociedad realmente conectada. Primero, porque ya no cumplen los objetivos para los que fueron creados. Segundo, porque ralentizan o frenan por completo la innovación. Y tercero, porque generan reglas de juego discriminatorias: hay una gran asimetría entre la carga regulatoria que recae sobre los operadores móviles y la de otros agentes del ecosistema digital, por ejemplo. Esta discriminación regulatoria daña la competencia y quita incentivos para la sostenibilidad de la inversión.
Un marco regulatorio basado en los 3 principios será tecnológica y competitivamente neutro, eficiente en alcanzar sus objetivos y –lo más importante- hecho a la medida de un entorno digital convergente. Aunque aún queda camino por recorrer, estos criterios están en mayor o menor medida en las reformas regulatorias emprendidas en los últimos años por México, Colombia o Brasil. Los países de la región que aún no han emprendido un proceso de modernización deberían considerar poner a punto sus marcos regulatorios, en consulta y con participación del sector privado, y contemplando las mejores prácticas internacionales.
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