De acuerdo a la Ley N° 31207 y la iniciativa aprobada hoy en el Congreso, a partir de diciembre de 2022, los operadores deberán garantizar una velocidad mínima de internet del 70% de lo contratado a todos los abonados. Desde el conocimiento de buenas prácticas internacionales de la GSMA, además de ser técnicamente inviable, esta ley es perjudicial para la inclusión digital. La norma obliga a modificar planes de inversiones, destinando al cumplimiento con este parámetro el capital previsto para expandir la cobertura. Por eso, lejos de beneficiar a los peruanos, perjudica a los ciudadanos más vulnerables, aquellos que aún no están conectados a la banda ancha móvil.
Los servicios de conectividad llegan al usuario a través de una cadena con varios eslabones, muchos de los cuales están fuera del control del operador. Factores como el suministro eléctrico, la lluvia, la geografía o la presencia de edificios y otros obstáculos en el entorno se interponen entre las antenas y las terminales, dificultando la transmisión de señales. Los operadores utilizan diversas herramientas tecnológicas y estrategias de despliegue de red para minimizar el impacto de estas variables. Sin embargo, subyace un grado de imprevisibilidad que vuelve imposible aplicar un umbral mínimo de velocidad tan alto y rígido como establece la medida.
Al no contemplar la incidencia de factores externos, ni las grandes diferencias entre áreas rurales o urbanas, la ley profundiza el desafío de expandir los servicios a zonas remotas. Ampliar la cobertura hacia estas áreas requiere crear incentivos para contrarrestar la combinación de altos costos de despliegue y operación con baja demanda de servicios, así como agilizar la burocracia municipal para instalar antenas. Por el contrario, la ley de velocidad mínima de internet suma un nuevo requisito y obliga además a realizar previsiones financieras para cubrir multas por eventuales incumplimientos. Por eso, la disposición corre el riesgo de acotar los servicios a áreas determinadas, profundizando la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, e impidiendo conectar a los peruanos que aún no acceden a internet.
El sector móvil es un mercado en competencia, por lo que ofrecer la mejor calidad de servicio posible para ser elegidos por los usuarios es un objetivo primordial de los operadores. La Ley N° 31207 va en contra de esta meta. La GSMA se pone a disposición de las autoridades para revisar la medida y explorar los mejores mecanismos para acercar los plenos beneficios de la conectividad a todos los peruanos.