Tres hitos en 2022 indican una incipiente tendencia hacia la toma de decisiones en favor a la inclusión digital. Una reducción de precios del espectro significativa en Panamá, una baja progresiva en Ecuador y la renovación del uso del espectro en Uruguay a valores históricos. Todo ello, junto a la subasta no recaudatoria de Brasil, muestran decisiones consistentes con los objetivos de política pública de estas administraciones en favor de la expansión de la conectividad móvil.
Hacia finales del pasado año, Brasil condujo una subasta no recaudatoria. El exitoso proceso de asignación de espectro se centró en lograr un equilibrio entre los objetivos gubernamentales, las necesidades de los operadores y el bienestar de los consumidores.
En Panamá, la reducción del precio del espectro fue de más del 60% y revela una acertada percepción del rol estratégico de este recurso, como instrumento para cerrar la brecha digital y apalancar la recuperación económica. Esto traerá ingresos adicionales vía impuestos y aumento de la productividad.
En Uruguay, se priorizó la certidumbre jurídica al tomar la decisión de renovar los derechos del uso del espectro al mismo precio que se abonó cuando se asignó su utilización. Esto da una señal al mercado acerca de los objetivos de política pública hacia la sostenibilidad de los servicios.
En Ecuador, se realizó un cambio en la fórmula para el cálculo de las tarifas por uso de espectro, para ajustar gradualmente los costos a la realidad del mercado y a los objetivos de política pública de conectividad universal, utilizando criterios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Será una baja escalonada de los precios del espectro que alcanzará un 83% de reducción final.
El resultado de estas decisiones es el reconocimiento que precios del espectro asequibles habilitan servicios universales. Vale recordar que, de acuerdo a la UIT, un incremento del 10% en la penetración de banda ancha móvil resultaría en un aumento adicional promedio del PIB de 1,2% en las economías de América Latina y el Caribe.
El cambio de visión en relación a los precios del espectro en Brasil, Panamá, Ecuador y Uruguay refuerza la esperanza que será una política pública que se expandirá a todos los países del continente, reconociendo al espectro como la principal herramienta de inclusión digital.