El Congreso de Perú discutirá una serie de proyectos para imponer penas relacionadas con la venta de servicios móviles como medida contra la inseguridad. La experiencia internacional demuestra que no existe una medida que la industria pueda implementar en forma aislada para eliminar los robos y extorsiones telefónicas, por lo que no puede responsabilizársela por estos delitos. La seguridad de los ciudadanos y sus bienes es facultad indelegable del Estado nacional.
La regulación (y criminalización) de la venta de chips no impide la actividad ilícita porque los delincuentes pueden recurrir a SIM extranjeras, aplicaciones de voz y otras herramientas para cometer delitos. En cambio, sí aumenta las barreras para acceder a servicios móviles a la población, en especial a quienes viven lejos de centros urbanos.
Los operadores móviles comparten el objetivo del Gobierno Peruano de garantizar un entorno seguro a los usuarios. Con ese fin, realizan reportes al GSMA Device Registry e implementan soluciones tecnológicas para contribuir a mitigar el fraude, como GSMA Open Gateway. Combatir estos delitos requiere un abordaje integral que incluya la colaboración de los fabricantes, el control de las cadenas de venta ilegal y la concientización de los usuarios para evitar ser víctimas de estafas. La GSMA se pone a disposición para discutir las desventajas de los proyectos de ley, y avanzar en soluciones basadas en la cooperación y la responsabilidad proporcional de cada parte involucrada.