La conectividad ha transformado la vida de las personas. En los próximos años, continuará evolucionando en diferentes casos de uso en beneficio de los usuarios y revolucionará también la realidad de las empresas a través de herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el metaverso, la analítica de datos y numerosas innovaciones adicionales. El impacto será en todos los sectores.
Pero el futuro digital no es un destino garantizado, es un futuro que se construye.
Día a día se generan nuevas aplicaciones, productos y servicios cuyo funcionamiento depende de la robustez de las redes de telecomunicaciones. El consumo mensual de datos móviles en América Latina, actualmente de 11 GB por smartphone, se cuadruplicará a más de 40 GB para 2028. Este aumento de la demanda no es la única prueba que enfrentarán las redes móviles.
Más de 230 millones de latinoamericanos y 22,8 millones de caribeños aún no están en línea debido a la existencia de brechas de uso y cobertura que tienen soluciones conocidas. Dependen de políticas públicas como el desarrollo de incentivos a la demanda, la reducción de las cargas tributarias que enfrenta la industria de telecomunicaciones y el uso efectivo y eficiente de los Fondos de Servicio Universal. Adicionalmente, se debe enfrentar el reto de las inversiones necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías (como en 5G y fibra óptica) y la ampliación y mejora de la calidad de las redes existentes. Estas inversiones son esenciales para impulsar una transformación productiva que permita a las economías ser competitivas y facilitar la innovación.
Sin embargo, no es evidente que los recursos necesarios para hacer frente a esas inversiones vayan a poder ser generados solo por la industria de telecomunicaciones. Para garantizarlos, se requieren nuevos esquemas que involucren a todos los stakeholders.
Debido al crecimiento del tráfico de datos, los costos de los operadores de redes aumentan año tras año, pero los ingresos llevan varios años estancados o en caída. En contraste, un pequeño número de grandes empresas generadoras de la mayor parte de ese tráfico desarrollan con gran éxito y rentabilidad sus modelos de negocio, sin ser parte de los esfuerzos para fortalecer las redes sobre las que se basan sus servicios. A esto se suman otras asimetrías: regulatorias, impositivas, comerciales, así como la problemática de los altos costos por el uso del espectro. En estas condiciones desiguales, el modelo de financiación de las redes de infraestructura no es sostenible ni escalable, lo que pone en peligro la capacidad de la región para aprovechar las oportunidades del mundo digital.
Para lograr el futuro digital de los usuarios y de las industrias de la región, hacemos un llamado a quienes elaboran las políticas públicas en América Latina y el Caribe para habilitar esquemas flexibles en los que todos los participantes del ecosistema digital puedan contribuir de manera equitativa (fair share) al despliegue de una infraestructura digital que será clave para el desarrollo económico y social. Las compañías Big Tech, grandes generadoras de tráfico, deben ser parte de la solución a este problema. Esta propuesta está alineada con pronunciamientos de otras regiones y de organismos internacionales.
Un mecanismo de contribución justa, basado en un mercado de dos lados, beneficiaría a todo el ecosistema: usuarios, Big Tech generadoras de tráfico, proveedores más pequeños de contenidos y aplicaciones y operadores de redes. Esquemas en este sentido también incentivarían un manejo más responsable y eficiente del tráfico de los datos, sin perjudicar la experiencia del usuario, incrementando la flexibilidad inversora de los operadores de telecomunicaciones y reduciendo el impacto ambiental.
El enfoque de contribución justa es esencial para una política de conectividad consistente con los principios de eficiencia y equidad, que se encuentre a la altura de los desafíos de la nueva era digital. No se puede atender los desafíos del futuro con las reglas del pasado.
