Inclusión digital y tributación en el sector móvil de El Salvador

Cerca de cinco millones de salvadoreños tienen suscripción a servicios móviles, pero el uso de la banda ancha móvil sigue limitado.

La República de El Salvador es la cuarta economía más grande en Centroamérica, y su PIB per cápita fue de 4219 dólares en 2015. Entre el 2000 y el 2014, el crecimiento del PIB en El Salvador promedió el 2 % anual, en comparación con el 4,5 % anual en los otros países de Centroamérica. Aunque el crecimiento aumentó al 2,5 % en el 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que las perspectivas económicas del país siguen suponiendo un reto. En particular, aunque las condiciones externas favorables y los bajos precios del petróleo contribuyeron a cierta mejora en la situación económica, El Salvador continua sufriendo un bajo crecimiento debido a un cúmulo de problemas complejos, como la baja inversión, el alto índice de crimen y emigración y la débil competitividad.

Los ingresos totales del sector móvil representaron un 2,7 % del PIB en 2015,5 y los cinco operadores móviles del país han conseguido brindar cobertura móvil de forma satisfactoria en todo el terreno del país, en gran parte montañoso. Esto se logró a pesar de que los ingresos en el sector móvil disminuyeron más de un tercio entre 2008 y 2015, mientras que los minutos de uso aumentaron un 60 % en el mismo periodo.

En 2016, alrededor del 80 % de la población estaba suscripta a servicios móviles, lo que es alto en comparación con la mayoría de los otros países de la región. La penetración móvil puede verse afectada por diversos factores, como la cobertura de red, los precios, los impuestos y la política de regulación. Sin embargo, el crecimiento en la penetración móvil se ha ralentizado, y deja a uno de cinco salvadoreños sin conexión. Más de dos tercios de los suscriptores aun no se benefician de los servicios de banda ancha móvil, y desde 2013 se ha demorado una licitación para desplegar espectro apto para 4G. A pesar de haberse anunciado que la licitación cobraría vigencia en la primera mitad de 2017, la incertidumbre de las políticas públicas hacia el sector y especialmente en el proceso de renovación de licencias, retrasa la toma de decisiones sobre inversión en infraestructura.